1. Coordinar y ejecutar a través de sus dependencias en todo el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, las políticas, planes y programas contemplados en la Ley de Ejecución Penal Bonaerense y/o los aprobados por el Ministerio de Justicia, destinados al control de las obligaciones impuestas judicialmente, a la asistencia de los procesados, la asistencia y/o tratamiento de los procesados que adhieran al Programa de Trabajo y Educación y la asistencia y tratamiento de los condenados a penas privativas o restrictivas de la libertad y/u otras medidas de seguridad, de tratamiento o de otro tipo dispuestas por la autoridad competente.
2. Organizar y fiscalizar el tratamiento integral de todo aquél que deba cumplir penas en prisión y/o en ámbitos de su dependencia.
3. Supervisar la conducción operativa, ejecutiva y administrativa del Servicio Penitenciario Bonaerense, garantizando la seguridad en todo el ámbito de la Institución, tendiendo a cumplir con mayor eficacia, eficiencia y calidad, su misión como Organismo del Estado responsable de la inserción social de procesados y condenados.
4. Implementar un plan permanente de evaluación de necesidades de la población carcelaria, en relación a las condiciones edilicias de las Unidades Penitenciarias, proponiendo ajustes y modificaciones en los programas de construcción carcelaria, a los órganos de conducción política del Ministerio de Justicia.
5. Proponer al Ministerio de Justicia la aprobación y la celebración de convenios con autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias, la realización de cursos de perfeccionamiento y actualización en ejecución penal y disciplinas afines.
6. Proponer al Ministerio de Justicia la celebración de convenios interinstitucionales que propendan al cumplimiento de los objetivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
7. Participar, realizar y promover los estudios e investigaciones para la elaboración de proyectos, propuestas y programas tendientes a la ejecución de acciones afirmativas destinadas a los procesados y condenados, como parte de la política de prevención criminal de la Provincia.
8. Instrumentar los medios más adecuados a fin de instalar en la población la conciencia de que el adecuado control, asistencia y tratamiento a procesados y condenados, contribuye eficazmente a la resolución del problema de inseguridad.
9. Dictar las resoluciones y adoptar las medidas que sean conducentes al mejor desempeño de las funciones de la Repartición, proponiendo al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, las que excedan de sus atribuciones.
10. Supervisar funcionalmente a la Dirección de Coordinación Penitenciaria de Alcaidía

Servicio Penitenciario Bonaerense Jefatura